La Iglesia Católica y el Estado hasta el Siglo Veinte

Con anterioridad al siglo diez y nueve, parece no haber habido duda con respecto a los títulos de propiedad en posesión de la iglesia en España o en Cuba. Pero a comienzos del ese siglo, la propiedad que tenía la Iglesia en España fue confiscada por el Estado. Sin embargo, esta confiscación se relacionaba solo a las posesiones de la iglesia en España y no afectaba sus posesiones insulares.

En 1837, el Capitán General Tacón hizo que este acto de confiscación española se aplicara a las posesiones de las órdenes monásticas en Cuba, y en 1841, Valdés, que entonces era gobernador, confiscó estas propiedades y las desvió al uso del Estado. Entre estas confiscaciones estaban el convento de los Franciscanos, que ha sido utilizado desde entonces como la Oficina de Aduanas; el convento de los Dominicos, utilizado por un tiempo por la Universidad de La Habana; el convento de los Agustinianos, utilizado como Academia de las Ciencias; el convento de San Isidro, usado por los Españoles como barracas militares y luego por los americanos, como estación de ayuda.

Hasta la época de la ocupación Americana en 1898, estas y otras propiedades valiosas, anteriormente en posesión de la Iglesia Católica, habían sido retenidas por España, sujeto a los resultados de una serie de largas negociaciones entre la Corona de España y la Santa Sede.

El Gobierno Español también retenía una gran cantidad de censos, o hipotecas sobre propiedades en diferentes partes de la isla que habían sido entregadas a la iglesia con propósitos religiosos, pero que habían sido tomadas por el Estado con propósitos administrativos. Sin embargo, la Corona anualmente le pagaba a la iglesia una larga suma por su mantenimiento.

Con la ocupación Americana estos pagos anuales cesaron y el Gobierno Americano continúo usando la propiedad con los mismos propósitos gubernamentales a que habían sido puestos por los españoles. La iglesia entonces reclamó el derecho a volver a tomar la propiedad. Esto dio pie a largas discusiones e investigaciones, hasta que todo el asunto fue finalmente referido a una comisión judicial en 1902. Esta comisión decidió a favor de los reclamos de la Iglesia, y el asunto fue ajustado a satisfacción de todos.

El gobierno de Intervención accedió a pagar un alquiler del 5 por ciento sobre el valor de la propiedad, que ascendía a $2.000.000 más o menos, recibiendo crédito contra el precio de compra del 25 por ciento del alquiler pagado; y el asunto de los censos fue ajustado por el Gobierno de Intervención tomándolo a 50 centavos de dólar y permitiéndole a los deudores tomar la Iglesia de San Agustín. C.XVII a la misma tasa.